En los supuestos en los que existan indicios suficientes de que existe caducidad del expediente sancionador, el tribunal sentenciador debe proceder de oficio a su análisis y resolución, sin necesidad de que haya sido alegada por alguna de las partes.
De manera muy resumida se señalan en esta entrada las principales implicaciones fiscales que puede acarrear la compraventa de participaciones sociales.
En la sentencia objeto de este comentario, el TSJ de Galicia ha exonerado a un autónomo de una sanción de más de 70.000 euros por errores que cometió en sus declaraciones de IRPF correspondientes a tres años consecutivos.